Aclaración sobre el texto constitucional que declara las playas como áreas de libre acceso


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El artículo de la Constitución de la República aprobado por la Asamblea Nacional, relativo a las playas, ríos, lagos y lagunas ha despertado un gran interés y las diferentes interpretaciones y reclamos muestran que existe confusión sobre su alcance y significado.

El texto incorporado en la Reforma Constitucional no significa una “privatización” de las playas, ríos, lagos  y lagunas como se ha manifestado, tampoco niega el acceso público. Por el contrario, el principio aprobado consagra el “dominio público” y “libre acceso” que solo estaban consignados en la ley, otorgándole categoría constitucional. Como con la mayoría de los derechos ciudadanos, la Constitución encarga a la ley regular el uso de estos bienes de dominio público de libre acceso, al igual que hace con otros, como por ejemplo las calles y avenidas, porque se requiere organizar su uso para asegurar el beneficio que deben ofrecer a la colectividad.

Algunos han considerado inadecuado que el texto especifique que el libre acceso debe hacerse “observándose siempre el respeto al derecho de propiedad privada”. Esta disposición, lejos de despojar a la sociedad del derecho al libre acceso, ratifica el dominio público y resguarda el derecho a la propiedad privada, reconocido constitucionalmente.

El nuevo texto

El texto del artículo 13 aprobado por la Asamblea reza: “Las cuencas altas de los ríos y la zona de biodiversidad endémica, nativa y migratoria son objetos de protección especial por parte de los poderes públicos para garantizar su gestión y preservación como bienes fundamentales de la Nación. Los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el derecho a la propiedad privada. La ley regulará las condiciones, normas y servidumbres en que los particulares accederán al disfrute o gestión de dichas áreas”.

Esta disposición establece características importantes:

a) Da rango constitucional a la protección de ciertas áreas del territorio nacional, incluyendo las playas, ríos, lagos  y lagunas manteniendo su regulación a través de la ley adjetiva.

b) Otorga carácter de “dominio público” a los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales, ratificando el libre acceso a los mismos.

Con esta decisión de los asambleístas se consagra de manera expresa por primera vez, el “libre acceso”, que como todo derecho no absoluto, está limitado por la existencia de otros derechos constitucionales.

En este caso, se consagra como limitante expresamente el “derecho de propiedad”, un derecho que se encuentra igualmente protegido en el Artículo 8 numeral 13 del ordenamiento jurídico actual y se mantiene en la Reforma Constitucional.

Un avance

El nuevo texto constituye un avance al crear un equilibrio entre el uso de un patrimonio natural de la Nación y el derecho de propiedad reconocido como una de las piedras angulares de nuestro sistema jurídico. Preserva el ordenamiento jurídico que ha estimulado el desarrollo del sector turístico más importante del Caribe y la actividad productiva más dinámica del país, responsable por más del 20% del producto interno bruto, y que el ano pasado genero ingresos al país por US$4,176 millones, sin desmedro del derecho ciudadano al libre acceso.

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